La Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental de octubre de 2007 y el Reglamento aprobado por RD 2090/2008 en diciembre de 2008 establece el principio de que "quien contamina, paga". Existe la obligación de devolver el medio ambiente dañado a su estado original, sufragando el total de los costes de todas las medidas adoptadas para su reparación.

El anexo III de la Ley indica una serie de actividades que están obligadas a aportar una garantía financiera en forma de aval o de seguro para dar cobertura a esta responsabilidad. Casi cualquier actividad en la que se manipulen residuos o sustancias peligrosas está obligada a contratar un seguro o aportar aval.